Añez logra quinta victoria judicial y anula proceso ordinario por caso Fundaempresa
El proceso en la justicia ordinaria por la promulgación del decreto 4356 de septiembre de 2020 se convirtió en la quinta victoria judicial de la expresidenta, Jeanine Áñez, quien estaba siendo enjuiciada por haber beneficiado a la Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa).
“Finalmente, el juez dio por fundada la excepción de incompetencia promovida por mi defensa técnica, dejando sin efecto los actos en la justicia ordinaria. Como debió ser desde un inicio”, señala una publicación de la exmandataria en su cuenta de redes sociales.
El 6 de octubre de 2020 se conocía que la entonces presidenta Áñez, a través de una adenda, decidió ampliar la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio por un plazo adicional de 15 años a Fundempresa. Luego fue censurada por ese hecho y el Gobierno de Luis Arce incrementó otro juicio más en su contra. La defensa había planteado un recurso para que este caso también pase a juicio de responsabilidades y que el juez a cargo se inhiba de seguir conociendo el caso. Este lunes, el juez 14avo de Instrucción dio la razón a la defensa y desestimó la acusación del gobierno.
De ese modo, los casos ‘golpe I’, ‘EBA’, ‘Senkata’, ‘Sacaba’ y ahora ‘Fundempresa’ ya salieron de la jurisdicción ordinaria y deben pasar a juicio de privilegio; aunque hay otros cinco procesos que debe subsanar la defensa de la expresidenta.
“Este fue otro de los 9 procesos judiciales que perpetraron para castigarme cobardemente por asumir la Presidencia de Bolivia cuando ellos cometieron fraude, renunciaron y huyeron del país, dejando caos, confrontación y abandono de sus responsabilidades”, escribió la exmandataria.
En diciembre de 2020, el recién posesionado presidente Luis Arce decidió la abrogación del decreto 4356 por considerarlo ‘ilegal’ y dictó la elaboración de un nuevo registro de empresas que estaría a cargo del Estado.
El 10 de octubre de 2021 emitió el decreto 4596 que crea el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), a cargo del ministerio de Desarrollo Productivo, y fue esta cartera de Estado la que inició la querella por la ampliación que había dispuesto Áñez.
