APDHB: Decreto de indulto es solo un paliativo frente a la crisis del sistema penitenciario
La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, calificó el Decreto Supremo N° 5460 de Indulto para privados de libertad, promulgado por el Gobierno de Luis Arce, como una medida paliativa que no resuelve la profunda crisis que atraviesa el sistema penitenciario del país.
Herrera explicó que el decreto tiene un alcance muy limitado, ya que solo podrán beneficiarse aquellas personas que cuenten con sentencia ejecutoriada, dejando fuera a la mayoría de la población carcelaria. “Este indulto es insuficiente, porque alrededor del 60% de las personas privadas de libertad están con detención preventiva y no podrán acceder a este beneficio”, señaló.
La representante de la APDHB afirmó que el Gobierno busca mostrar una acción humanitaria, pero que en realidad el decreto encubre la falta de soluciones estructurales al hacinamiento, la lentitud judicial y las condiciones precarias en los recintos penitenciarios del país. “Se necesita una reforma integral del sistema de justicia, no medidas temporales que solo maquillan la realidad”, enfatizó.
Asimismo, Herrera recordó que la crisis carcelaria en Bolivia se debe, en gran parte, al uso excesivo de la detención preventiva y a la falta de políticas de rehabilitación y reinserción social. “Mientras no se cambie el enfoque punitivo del sistema judicial y no se garantice un debido proceso, los decretos de indulto seguirán siendo solo un alivio momentáneo”, advirtió.
La vicepresidenta de la APDHB también expresó su preocupación por las condiciones de vida de los internos, mencionando que en varios penales del país la sobrepoblación supera el 300% y existen graves carencias en salud, alimentación y acceso a la justicia. “El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluso de quienes están privadas de libertad”, agregó.
Finalmente, Yolanda Herrera reiteró el llamado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos al Gobierno y a las autoridades judiciales para que impulsen reformas profundas y sostenibles que garanticen justicia pronta, condiciones dignas en las cárceles y respeto a los derechos fundamentales de todos los bolivianos.
