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Cívico de Tarija exige ejecutar mandamiento de aprehensión contra el presidente de YPFB

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, exigió al Ministerio Público acelerar la ejecución del mandamiento de aprehensión en contra del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, acusado por la presunta exportación irregular de gas a la República Argentina, hecho tipificado como contrabando agravado.

Según Gira, este caso habría ocasionado un daño económico al Estado de aproximadamente 14 millones de dólares, por lo que considera urgente que las autoridades judiciales actúen con celeridad y transparencia. “No puede haber impunidad. Si existe una orden de aprehensión, debe cumplirse. No se puede proteger a quienes están comprometidos en actos que afectan los recursos del país”, declaró.

El dirigente cívico manifestó su preocupación por lo que calificó como un intento de encubrimiento dentro de las instituciones estatales. En ese sentido, denunció que la presidenta de la Aduana Nacional estaría protegiendo al titular de YPFB. “Al encubrir a Dorgathen, también está cometiendo un delito. No se puede permitir que las autoridades se protejan entre sí mientras el pueblo paga las consecuencias”, afirmó.

Gira sostuvo que el Comité Cívico de Tarija hará seguimiento a este caso y no descartó asumir medidas de presión si el Ministerio Público no cumple con la ejecución del mandamiento judicial. “La justicia debe actuar sin favoritismos. Tarija exige transparencia y sanciones para quienes han dañado la economía nacional”, añadió.

El líder cívico recordó que Tarija es uno de los departamentos más afectados por la crisis en la producción de gas, lo que agrava el malestar social ante denuncias de irregularidades en el manejo de los recursos hidrocarburíferos. “Mientras el país enfrenta escasez de combustibles y caída de ingresos, los responsables de esta mala administración siguen impunes”, cuestionó.

Finalmente, Gira reiteró su llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a exigir el cumplimiento de las leyes. “El respeto a la justicia y a los recursos del Estado debe estar por encima de los intereses políticos o personales. Los bolivianos merecemos respuestas y resultados”, concluyó.

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