Corte Suprema aprueba prohibición de militares trans en EE.UU.
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el 6 de mayo de 2025 la implementación de una prohibición que impide a las personas transgénero servir en las fuerzas armadas. Esta decisión fue solicitada por el gobierno del presidente Donald Trump, mientras continúan los desafíos legales sobre esta política.
El tribunal tomó esta decisión respecto a una política que descalifica de manera presuntiva a las personas transgénero para el servicio militar. Los tres jueces liberales de la Corte expresaron que habrían mantenido la política en suspensión.
Poco después de iniciar su segundo mandato en enero, Trump impulsó una orden ejecutiva que sostenía que la identidad sexual de los militares transgénero “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal”. Según esta orden, esto afectaba la preparación militar.
Acciones del secretario de Defensa
En respuesta a la orden de Trump, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, emitió una política que otorgaba a las ramas militares 30 días para definir cómo identificarían y removerían a los miembros transgénero de las filas. Hasta ese momento, tres jueces federales ya habían dictaminado en contra de la prohibición.
En el caso que llegó a la Corte Suprema, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Benjamin Settle, en Tacoma, Washington, falló a favor de varios militares transgénero de larga trayectoria. Estos argumentaron que la prohibición era insultante y discriminatoria, y que su destitución causaría daños irreparables a sus carreras y reputaciones.
Argumentos del juez Settle
Settle señaló que la administración Trump no había ofrecido explicación sobre por qué los militares transgénero, que habían servido abiertamente durante los últimos cuatro años sin problemas documentados, debían ser repentinamente excluidos.
El juez impuso una suspensión a nivel nacional sobre la política, decisión que fue respaldada por un tribunal federal de apelaciones al rechazar la solicitud de emergencia de la administración. Posteriormente, el Departamento de Justicia acudió a la Corte Suprema.
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