Diputado pide que 11 personas sean llevadas ante la justicia por caso Botrading
Dos exministros de Hidrocarburos, el presidente de YPFB, altos ejecutivos y siete gerentes y exgerentes de la estatal petrolera del país deben ser investigados por la justicia ante la supuesta malversación de fondos que desnudó el caso Botrading, según el diputado Carlos Alarcón, luego de realizar una extensa explicación del caso y sus consecuencias en EL DEBER Radio.
“Tienen que ser investigados el presidente de YPFB, los que eran gerentes en ese momento, tiene que ser investigado un actual gerente de planificación, también tiene que ser investigado un señor Ayala que actuó como apoderado y todos los mandos intermedios que han firmado estas adjudicaciones de contratos donde han saltado estos hallazgos de sobreprecios y de otras irregularidades”, dijo el legislador que fue parte de la comisión especial de investigación.
Según el informe elaborado por la comisión, las 11 personas cuyos nombres figuran son: el ex ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina; el actual ministro del sector, Alejandro Gallardo Baldiviezo; el presidente de YPFB, Armin Dorgathen y Sandra Otazú Vera, presidenta de Botrading S.A. Los gerentes y exgerentes acusados por Alarcón son: Gabriela Delgadillo gerente de productos industrializados; Cinthia Pedraza, gerente de Contrataciones de YPFB; Omar Alarcón Saigua, ex gerente general de YPFB-Refinación; Joel Callaú, gerente general de YPFB-Logística, hoy director de la ANH; Félix Cruz, gerente de YPFB-Logística; Rolando Ayala, gerente de Botrading y Julio Camargo, gerente de YPFB-Refinación
“Están involucrados desde los ministros de Hidrocarburos, sobre todo dela anterior administración (Franklin Molina) que es el que mintió en la respuesta al PÍE (Petición de Informe Escrito), porque esto nace en base a una mentira que hicieron, una respuesta de un PÍE oficial que solicité”, aseguró.
En abril de este año, la Cámara de Diputados conformó una comisión especial de investigación del caso Botrading luego de conocerse denuncias de sobreprecios pagados por la importación de combustible. La empresa está asentada en Paraguay y su presidenta, Sandra Otazu Vera, se negó a comparecer ante la comisión alegando que no tienen jurisdicción en Paraguay.
En mayo de este año, la comisión concluyó su trabajo y remitió su informe al pleno de la Cámara de Diputados que demoró cuatro meses en debatir y aprobar. El informe final recomienda que las conclusiones sean de conocimiento de la Contraloría General del Estado (CGE), el presidente Luis Arce y la Fiscalía para que inicie la investigación, aunque en esta última instancia ya está abierta una investigación sobre el mismo caso.
Este martes YPFB tendrá el micrófono de EL DEBER Radio para tener la correspondiente contraparte.
