Gobierno admite que Bolivia enfrenta riesgo de ingresar a la lista gris del GAFI y culpa a la Asamblea Legislativa
El país cumple con más del 90% de las recomendaciones internacionales, pero la ausencia de una ley que permita la investigación para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo pone en riesgo la estabilidad financiera y la confianza internacional.
Bolivia se encuentra en la antesala de un posible ingreso a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una situación que las autoridades nacionales han advertido que podría materializarse en las próximas semanas tras el análisis pendiente del organismo multilateral.
En una conferencia de prensa este miércoles, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, junto a la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Pamela Troche, confirmaron que, si bien el GAFI no ha emitido todavía un pronunciamiento oficial, existe un riesgo real derivado de la falta de una ley que incorpore las técnicas especiales de investigación necesarias para la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.
Avance y limitaciones
Desde noviembre de 2022, Bolivia está inmersa en la cuarta ronda de evaluaciones mutuas que realiza el GAFI, proceso que examina rigurosamente las políticas y mecanismos nacionales para combatir los delitos financieros.
En enero de este año, el GAFI emitió un informe público con 60 acciones recomendadas para mejorar el sistema boliviano, de las cuales el país ya cumplió más del 90%, según explicó la directora Troche.
Sin embargo, el punto crítico radica en la carencia de una normativa con rango de ley que establezca formalmente las técnicas especiales de investigación —herramientas jurídicas esenciales para detectar y perseguir con eficacia el lavado de dinero y el financiamiento terrorista—. “El GAFI no acepta normativas de menor rango, como decretos o resoluciones ministeriales, exige leyes claras y vigentes que regulen estas técnicas”, indicó Montenegro.
Historia legislativa conflictiva
El ministro recordó que en 2021 se aprobó la Ley 1386, que incorporaba estas técnicas especiales, pero la norma fue abrogada en noviembre del mismo año debido a protestas sociales masivas y presiones políticas que promovieron una percepción de “persecución financiera” contra pequeños comerciantes y gremiales.
Posteriormente, en 2023 se intentó reponer la ley mediante la Ley 280, pero nuevamente la oposición parlamentaria impidió su consolidación definitiva.
Montenegro enfatizó que la falta de aprobación de esta legislación es responsabilidad directa de la Asamblea Legislativa, en particular de sectores opositores que, a su juicio, priorizaron intereses políticos sobre el bienestar económico y la estabilidad internacional del país.
Consecuencias del ingreso a la lista gris
El ingreso a la lista gris significaría que Bolivia estaría bajo “mayor vigilancia” por parte del GAFI, con un seguimiento intensificado sobre sus políticas y procedimientos. Esto no implica sanciones automáticas, pero sí podría impactar negativamente la confianza de inversores internacionales, dificultar la apertura de cuentas bancarias en el extranjero, y encarecer los costos financieros para el país.
Pamela Troche advirtió que esta situación “podría afectar la reputación financiera de Bolivia en el sistema internacional y limitar el acceso a mecanismos formales de financiamiento”. La vigilancia podría prolongarse hasta que Bolivia adopte las medidas normativas pendientes.
Bolivia ya estuvo incluida en la lista gris del GAFI en 2011, durante el gobierno de transición de Jorge “Tuto” Quiroga, debido a la falta de avances concretos en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo entre 2001 y 2005. En ese entonces, se diseñó un plan que permitió salir de esa lista en 2013 tras implementar reformas y crear marcos regulatorios.
Las autoridades nacionales esperan que el pleno del GAFI, previsto para las próximas semanas, oficialice la evaluación y definiciones para Bolivia. Mientras tanto, Montenegro hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que asuma su responsabilidad y apruebe la normativa pendiente en el próximo periodo parlamentario.
“El país no puede permitirse quedar expuesto a riesgos políticos ni económicos por la ausencia de una ley que es estándar internacional y necesaria para proteger la economía nacional”, concluyó el ministro. EL DEBER
