Gobierno busca trabar el traslado de Camacho con “inventos”, asegura su abogado
Martín Camacho, abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, consideró este martes que el Gobierno continúa buscando mecanismos de obstaculización del traslado de su defendido de La Paz a Santa Cruz de la Sierra para que el viernes asista a su juicio por el caso “decretazo”.
“El tema de los informes de Inteligencia y otras cuestiones, que pretende confundir el ministro de Gobierno (Roberto Ríos), no están revistos ni en la Ley de Ejecución Penal, ni en el Código de Procedimiento Penal, ni mucho menos en la Constitución. Por lo tanto, no hay necesidad de ningún informe de Inteligencia, eso es solamente un invento del ministro Ríos y que también fue en su tiempo del exministro Eduardo Del Castillo”, dijo el jurista en EL DEBER Radio.
Hay una orden judicial para el traslado de Camacho del penal de Chonchocoro (ubicado en el altiplano de La Paz) a Santa Cruz, pero el ministro Ríos afirmó que “esto va a estar en función a los distintos informes de Inteligencia, tanto del Comando General como del Comando Departamental de Santa Cruz”.
El abogado del gobernador electo de Santa Cruz arribó la mañana de este martes al aeropuerto de El Alto y se trasladó al penal de Chonchocoro en busca de una reunión con el director de ese recinto, Edgar Fernando Espinoza, para que se cumpla la orden judicial de traslado.
“Vengo a que el director del centro, mayor Espinoza, me diga de manera personal en qué momento, qué día, a qué hora y de qué manera se va a cumplir con la orden de traslado. Caso contrario, si se va a oponer o va a incumplir su deber, será el único responsable (…), el único que va enfrentar un proceso penal y probablemente una detención preventiva”, advirtió.
Palmasola
El abogado también denunció que, desde el mismo Gobierno, recibieron información de que “se está presionando a los internos del centro penitenciario de Palmasola (en Santa Cruz) para que emitan un voto resolutivo” en contra de Camacho con el objetivo de que no llegue a esa cárcel.
Esa situación “es otra falacia, otro invento que no está previsto en ninguna normativa procesal. No existe ningún derecho que les faculte a (los privados de libertad) decir quien ingresa y quien no ingresa al penal”, señaló.
