Poderes del Estado y partidos cierran filas para salvar las elecciones 2025
Al final, hubo un nuevo acuerdo para llevar adelante las elecciones generales el domingo 17 agosto, ni un día más. La cuarta Cumbre Interinstitucional y Multipartidaria por la Democracia concluyó ayer tras unas cinco horas de debate en Santa Cruz con un entendimiento que, si bien revalida los tres anteriores, en esta ocasión se suscribe en un contexto marcado por la extrema violencia perpetrada en las protestas que promueve Evo Morales para “habilitarse” como candidato a pesar de las prohibiciones vigentes en el orden constitucional.
Ayer, todas las instituciones del Estado y los partidos políticos participantes ratificaron ese compromiso para trabajar de forma conjunta para salvaguardar el proceso electoral en medio de un clima de alta tensión social, generado, precisamente, por sectores afines al expresidente Evo Morales. De hecho, esta semana concluye con cuatro policías asesinado en Llallagua y un civil fallecido en Cochabamba.
La resolución final del documento firmado ayer busca brindar certidumbre a la ciudadanía, golpeada en los últimos días por bloqueos, marchas y episodios de violencia. Durante el debate, los líderes admitieron que las medidas que se aplican en un contexto de crisis económica amenazan a la democracia.
La declaración también establece tareas concretas para cada órgano del Estado y pone énfasis en el respeto al Estado de Derecho como base para asegurar un proceso electoral transparente y pacífico. Para ello, todos los actores cerraron filas entorno al TSE, la entidad encargada de administrar el proceso electoral.
A su turno, el mismo Órgano Electoral se comprometió a ejecutar el calendario electoral de manera precisa en coordinación con el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Ministerio Público, las organizaciones políticas y otras instituciones del Estado. A su vez, el Órgano Ejecutivo, a través de los ministerios de Gobierno, Defensa y otras instancias, asumirá la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana dentro del marco de sus atribuciones constitucionales.
