BOA: denuncian daño de Bs. 18,4 millones por ruta a La Habana sin sustento técnico
El Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos presentó una denuncia ante el Ministerio Público por un presunto daño económico al Estado de más de Bs. 18,4 millones, vinculado a la operación de una ruta internacional de Boliviana de Aviación (BOA) hacia La Habana. La denuncia fue admitida el pasado 15 de abril, dando inicio a la investigación correspondiente.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la apertura de esta ruta internacional se habría realizado sin contar con un estudio de viabilidad técnica y operativa. Un informe señala que el inicio de operaciones en septiembre de 2023 se dio “de acuerdo a lo planificado” y en el marco de un “compromiso presidencial”, sin que se hubiera acreditado previamente su sostenibilidad técnica.
Entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, se registró una afectación económica de Bs. 14,4 millones, atribuidos principalmente a la baja ocupación de los vuelos. Según los datos analizados, se utilizaron aeronaves con capacidad superior a 160 pasajeros, llegando a registrarse vuelos con niveles mínimos de ocupación, incluso de hasta 11 pasajeros, lo que representa aproximadamente un 6% de su capacidad. En ese contexto, se estima que cada operación generaba un costo cercano a los 25.000 dólares por despegue, lo que explica el impacto económico acumulado durante el periodo analizado.
A este monto se suma un daño adicional estimado en más de Bs. 4 millones, relacionados con la adquisición de divisas en el mercado paralelo para cubrir operaciones en el exterior, lo que habría generado sobrecostos significativos. Asimismo, se identificó la contratación de intermediarios para estas operaciones, con el pago de comisiones adicionales.
En este contexto, la denuncia presentada por el Viceministerio alcanza a seis exautoridades, en el marco de los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Por tratarse de un proceso en etapa de investigación, no se brindan mayores detalles sobre las personas involucradas.
En este sentido, el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García Delfín, afirma que estos hechos no son procesos administrativos, son delitos, y que estos hechos deben ser analizados en el marco de la normativa vigente y del uso responsable de los recursos públicos.
“Como Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, tenemos la responsabilidad de denunciar y acompañar los procesos que involucren el uso de recursos públicos. Estos hechos deben ser investigados en el marco del debido proceso, garantizando la transparencia y la correcta administración del Estado”, aseveró.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora Liebers, señaló que estas acciones responden a una línea de trabajo orientada a fortalecer la gestión de las empresas estatales mediante procesos de auditoría y control.
Indicó que este caso forma parte de los resultados de evaluaciones técnicas realizadas en la actual gestión, con el objetivo de mejorar la administración, optimizar los servicios y asegurar que las decisiones operativas se basen en criterios de viabilidad técnica y sostenibilidad.
El Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos destacó el trabajo coordinado con el Ministerio de Obras Públicas y reafirmó que continuará impulsando acciones orientadas a garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos.
