Bolivia celebró “la última elección con este marco normativo”; la reforma electoral gana adhesiones
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció una reforma profunda de la normativa electoral boliviana, en respuesta a una serie de observaciones que marcaron el desarrollo del actual proceso. La iniciativa ganó varias adhesiones en el escenario político del país.
“Esperamos que esta sea la última elección con el actual marco normativo”, afirmó el presidente del TSE, Gustavo Ávila. En realidad, el anuncio fue el corolario de las observaciones respecto a plazos y la necesidad de regular los procesos electorales en el ámbito digital.
La actual normativa electoral está basada en la Ley 026 de Régimen Electoral y la Ley 018 del Órgano Electoral, normativas que, además, quedaron desfasado frente a las nuevas dinámicas democráticas, según la evaluación del TSE.
Reformas
Pero, el anuncio se produjo tras un ciclo electoral intenso en Bolivia, que en menos de un año incluyó elecciones judiciales, generales, una inédita segunda vuelta presidencial y ahora los comicios subnacionales. Este contexto evidenció debilidades estructurales en la normativa, especialmente en los tiempos y procedimientos.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a los plazos de impugnación y habilitación de candidaturas. En varios casos, decisiones tomadas a último momento generaron incertidumbre en el electorado, dificultando el voto informado. A ello se suma el tiempo de hasta siete días para la entrega de resultados oficiales, considerado excesivo en la era digital.
Frente a esta situación, el TSE destacó el avance en la aplicación de un sistema de resultados preliminares basado en la transmisión digital de actas, aunque reconoció que se requieren ajustes normativos para consolidar estos mecanismos.
Ávila defendió además la actuación del órgano electoral durante este proceso. “Nuestros actos y resoluciones se desarrollaron con estricto apego a la normativa vigente”, sostuvo, aunque admitió que la ley necesita ser modernizada para garantizar reglas más claras y justas.
El debate sobre la reforma electoral no se limita al TSE. Diversos actores políticos coincidieron en la necesidad de ajustes estructurales.
El presidente Rodrigo Paz Pereira, tras emitir su voto en Tarija, cuestionó la frecuencia de los procesos electorales. “En seis meses hemos tenido tres elecciones, esto es un exceso de ejercicio político sobre el ciudadano”, afirmó y planteó la necesidad de “modificar estos procesos democráticos” para reducir la carga sobre la población.
El mandatario también anunció que, una vez concluidos los comicios, trabajará con todas las autoridades electas, incluso en escenarios de segunda vuelta en las gobernaciones, bajo una lógica de articulación institucional.
En la misma línea, candidatos y autoridades subnacionales coincidieron en la urgencia de actualizar la normativa. Entre las principales observaciones se encuentran la rigidez de los plazos para habilitaciones, la confusión generada en el electorado y las dificultades en la conformación de fuerzas políticas.
Desde una postura más crítica, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien además es líder de Libre, cuestionó la aplicación de la normativa vigente, señalando inconsistencias en habilitaciones de candidatos y denunciando problemas estructurales en el padrón electoral.
Quiroga planteó la necesidad de una revisión integral del registro de votantes, al considerar que existen distorsiones que afectan la transparencia del proceso. Además, criticó que se permita a candidatos hacer campaña para luego ser inhabilitados, lo que —según dijo— constituye una falta de respeto al electorado.
El TSE prevé presentar un proyecto de reforma ante la Asamblea Legislativa Plurinacional una vez que se complete el actual proceso, incluyendo eventuales segundas vueltas en las gobernaciones, prevista para el 18 de abril.
Entre los ejes de cambio se anticipa la modernización de los plazos, la incorporación de nuevas tecnologías, la regulación de encuestas y medios digitales, y ajustes institucionales que permitan mayor previsibilidad en las decisiones electorales.
