Caso Mariaca: Policía vincula nuevas aprehensiones con información obtenida en La Paz
LA PAZ 01 DE OCTUBRE 2026
El comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, informó que la aprehensión del mayor Rubén Aparicio Villarroel, realizada la noche del miércoles en La Paz, permitió acceder a información que vincularía a altas autoridades del Ministerio Público con los hechos investigados en el denominado caso Mariaca.

De acuerdo con Álvarez, las investigaciones comenzaron a partir de información financiera y antecedentes relacionados con procesos abiertos en Santa Cruz por los casos vinculados al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Tras la captura de Aparicio, el oficial habría proporcionado datos sobre la presunta participación de autoridades del Ministerio Público.
Con esos elementos, la Policía ejecutó en Santa Cruz las aprehensiones del entonces fiscal general del Estado, Róger Mariaca Montenegro, y del fiscal departamental Alberto Ceballos Flores. En Sucre, de manera paralela, fue aprehendido el fiscal Martín Daniel Irusta Flores.
TRASLADARON A MARIACA Y CEBALLOS A LA PAZ POR SEGURIDAD
El jefe policial explicó que, después de las aprehensiones en Santa Cruz, se recibió información de inteligencia sobre grupos delincuenciales que presuntamente se dirigían al aeropuerto internacional de Viru Viru para interferir en el operativo.
Ante esa situación, y en coordinación con autoridades del Ministerio Público, se decidió trasladar a Mariaca y Ceballos al departamento de La Paz por razones de seguridad.
Álvarez señaló que los procedimientos estuvieron a cargo de equipos multidisciplinarios y que la investigación deberá establecer la participación y responsabilidad individual de cada una de las personas aprehendidas.
APREHENDEN A TÉCNICOS Y FUNCIONARIOS POR RETIRO DE EQUIPOS Y DOCUMENTOS
Durante los operativos también fueron aprehendidas dos personas identificadas como técnicos en cámaras de videovigilancia e ingenieros informáticos. Según el comandante, ambos ingresaron al domicilio de Ceballos con la finalidad de retirar dispositivos de vigilancia y equipos DVR, una acción que la Policía considera una posible obstaculización de la investigación, debido a que habría buscado ocultar información.
Asimismo, ocho funcionarios de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz fueron aprehendidos después de que, según el reporte policial, se trasladaran en vehículos oficiales y particulares hasta el domicilio de Mariaca para retirar documentación e indicios materiales relacionados con el caso.
INTERCEPTAN AMBULANCIA Y ENCUENTRAN MÁS DE BS 3,5 MILLONES Y $US 10.000
Otro de los hechos reportados durante el operativo fue la interceptación de una ambulancia particular que había ingresado al domicilio de Mariaca y posteriormente salió del lugar.
Álvarez indicó que, durante la revisión del vehículo, la Policía encontró maletines y dinero oculto en distintos compartimentos. El conteo, realizado bajo dirección fiscal, estableció un total de Bs 3.532.100 y $us 10.000.
El fiscal Daniel Ortuño también confirmó el monto y señaló que el Ministerio Público acompañó el procedimiento para garantizar su legalidad.
La Fiscalía informó que aún debe establecerse el origen y la procedencia legal del dinero, además de determinar su relación con la investigación. También está pendiente definir si el hecho será incorporado al proceso que se tramita en La Paz o si dará lugar a una nueva investigación en Santa Cruz.
Por este caso fueron aprehendidas cuatro personas que se encontraban en la ambulancia, entre ellas una menor de edad. Los adultos deberán prestar sus declaraciones ante el Ministerio Público.
POLICÍA AFIRMA QUE SE RESPETÓ EL DEBIDO PROCESO
El comandante general aseguró que las actuaciones policiales se realizaron bajo el principio de objetividad y con respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales de las personas aprehendidas.
“Será la investigación la que determine su participación y conforme a ello, su situación jurídica, su situación procesal”, manifestó Álvarez.
Finalmente, indicó que el Ministerio Público ya tiene conocimiento de las actuaciones y que corresponderá a las autoridades competentes valorar los indicios materiales, las declaraciones y los demás elementos recolectados para establecer las responsabilidades que correspondan.
