Defensoría alerta crisis carcelaria en Bolivia y exige cinco acciones urgentes para evitar motines de gran magnitud y muertes
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, emitió este martes el informe “Alerta temprana sobre la situación de cárceles en Bolivia”, en el que advierte que el sistema penitenciario atraviesa una crisis marcada por la sobrepoblación, el hacinamiento y el uso indiscriminado de la detención preventiva que podría desencadenar motines de gran magnitud y el incremento de muertes violentas.
La institución defensorial pidió al Estado la aplicación inmediata de cinco medidas urgentes para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad (PPL).
El informe, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), establece que la población penitenciaria llegó a 33.058 internos a julio de 2025, lo que implica un hacinamiento superior al 105 % a nivel nacional.
Además, el 55,9 % de los internos se encuentra en detención preventiva, con un impacto mayor en jóvenes de 18 a 28 años, donde este porcentaje alcanza el 75 %.
“Desde la gestión 2023 hemos ido realizando diferentes actuaciones que nos permiten afirmar que existe una situación grave de crisis alta en las cárceles de Bolivia. La población penitenciaria crece de manera sostenida: de 17.305 internos en 2020 pasamos a 33.058 en 2025. Este aumento amenaza con profundizar aún más la crisis”, señaló Callisaya.
La autoridad detalló que la sobrepoblación impide garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad y acceso a servicios básicos, generando un entorno “inhumano e insostenible”.
El defensor pidió las autoridades de los tres niveles del Estado a asumir de manera inmediata y coordinada las medidas señaladas, para evitar que esta crisis derive en una vulneración masiva de derechos humanos y en un riesgo para la seguridad pública.
Además, alertó diciendo que de no adoptarse medidas inmediatas, el país podría enfrentar tres graves consecuencias: protestas masivas y violentas, con riesgo de motines de gran magnitud; incremento de muertes en custodia del Estado por violencia y enfermedades; crisis casi humanitaria, con impacto negativo en la seguridad ciudadana y en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
