Defensoría del Pueblo advierte mala aplicación de la Ley de Indulto y pide acciones urgentes para reducir el hacinamiento carcelario
La defensora del Pueblo, Cecilia Bolívar, alertó que en Bolivia existe una grave crisis de hacinamiento en los centros penitenciarios, donde actualmente se reportan alrededor de 33 mil personas privadas de libertad, pese a que la capacidad instalada apenas alcanza para 15 mil internos.
Bolívar explicó que esta situación evidencia una sobrepoblación crítica en las cárceles del país, vulnerando derechos humanos básicos de las personas privadas de libertad, como el acceso a condiciones dignas, salud y seguridad.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo identificó que la Ley de Indulto no está siendo aplicada de manera correcta, lo que impide que este mecanismo legal cumpla su objetivo principal de contribuir a la reducción del hacinamiento carcelario.
La autoridad señaló que varias instancias judiciales no están activando los mecanismos necesarios ni realizando los trámites administrativos y procesales correspondientes para acelerar los procesos de indulto, generando retrasos injustificados.
Ante esta situación, la Defensoría observó una falta de coordinación y voluntad operativa por parte de algunas autoridades judiciales, lo que agrava la congestión del sistema penitenciario y retrasa el acceso a los beneficios establecidos por ley.
Finalmente, Cecilia Bolívar recomendó a las autoridades judiciales realizar de manera pronta las certificaciones y actuaciones requeridas, a fin de viabilizar la aplicación efectiva de la Ley de Indulto y avanzar en una solución estructural al hacinamiento en las cárceles del país.
