Diputado Edwin Rosas denuncia daño económico de Bs 25 millones por cierre del Sedeca
El diputado disidente de Comunidad Ciudadana, Edwin Rosas, denunció este lunes un presunto daño económico al departamento de Tarija que, según sus declaraciones, asciende a aproximadamente 25 millones de bolivianos. Esta cifra estaría relacionada con la desaparición temporal y posterior restitución del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), medida tomada mediante un decreto departamental emitido por el gobernador Óscar Montes.
Rosas aseguró que la eliminación inicial del Sedeca generó una serie de consecuencias legales y administrativas que derivaron en pérdidas económicas significativas para el departamento. Los efectos más notorios fueron el pago de sueldos, beneficios y otras compensaciones a trabajadores que iniciaron un proceso judicial y resultaron favorecidos por los tribunales.
El legislador cuestionó que, pese a las advertencias realizadas en su momento sobre la ilegalidad del cierre del Sedeca, las autoridades del Ejecutivo Departamental persistieron en aplicar la medida. Posteriormente, y tras resoluciones judiciales, se vieron obligadas a restituir la institución junto con los contratos laborales de su personal.
“Estamos hablando de un daño económico que supera los 25 millones de bolivianos. Alguien tiene que asumir la responsabilidad de esta decisión mal tomada”, afirmó Rosas. Añadió que las autoridades que firmaron y ejecutaron el decreto deben responder por los perjuicios ocasionados a las arcas departamentales.
El parlamentario también sostuvo que el caso sienta un precedente sobre las consecuencias de tomar decisiones administrativas sin el debido respaldo legal y técnico. En ese sentido, pidió a la Contraloría General del Estado investigar el uso de recursos públicos relacionados con este caso y evaluar la posible comisión de delitos económicos por parte de funcionarios del Ejecutivo.
Finalmente, Rosas indicó que solicitará información detallada sobre los desembolsos realizados para cumplir con las obligaciones laborales impuestas por el fallo judicial. Afirmó que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para recuperar la confianza de la ciudadanía en la gestión pública y para evitar que errores similares se repitan en el futuro.
