Gobierno instruye investigación exhaustiva sobre denuncias contra Cerimedo
LA PAZ 26 DE AGOSTO 2026
El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que el presidente Rodrigo Paz instruyó realizar una investigación exhaustiva sobre las denuncias y hechos que involucran al asesor Fernando Cerimedo y a su expareja Nadia Beller.

Según García, la instrucción fue emitida directamente desde el despacho presidencial y establece que se deben revisar de manera minuciosa todos los elementos relacionados con las denuncias, con el propósito de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades, si corresponde.
Las acusaciones fueron planteadas por Beller, quien denunció a Cerimedo por un presunto atentado contra su vida y señaló además la existencia de posibles irregularidades y una red de corrupción. Las autoridades deberán determinar la veracidad de estas denuncias y la existencia de elementos que las respalden.
Gobierno se constituye como parte coadyuvante
El Viceministerio de Transparencia también informó que el Estado se presentó como parte coadyuvante dentro de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público contra Cerimedo por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
García afirmó que el Ejecutivo proporcionará a la Fiscalía la información que sea necesaria para avanzar en las pesquisas y establecer la verdad sobre las denuncias.
“Todo debe investigarse, todo debe esclarecerse”, sostuvo la autoridad.
Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público realizó allanamientos en inmuebles vinculados al caso, donde se habría encontrado dinero y una denominada “mini granja de bots”. Asimismo, se solicitó información a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para profundizar las pesquisas.
Cerimedo permanece detenido
Fernando Cerimedo permanece con detención preventiva en el penal de Palmasola, dentro del proceso por feminicidio en grado de tentativa iniciado a raíz del ataque denunciado por Beller el pasado 17 de agosto.
Paralelamente, continúan las investigaciones por las presuntas irregularidades y el supuesto enriquecimiento ilícito. Las autoridades competentes deberán determinar, con base en las pruebas recolectadas, si existen responsabilidades penales en los distintos casos.
