Gobierno presenta querella contra 19 personas por presunto daño económico en el caso SIDACTA
LA PAZ 15 DE OCTUBRE 2026
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, presentó ante la Fiscalía una querella por presunto daño económico al Estado en el proyecto del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA), contratado en 2016 por un monto superior a los 191 millones de euros. La acción legal alcanza a 19 personas, entre ellas cuatro exministros de Defensa, exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista.
Justiniano explicó que el proyecto contemplaba la instalación de 13 radares civiles y militares, centros de control de comunicaciones, obras civiles, software, capacitación y transferencia tecnológica. Aclaró que el objetivo del contrato no era adquirir radares de manera aislada, sino contar con un sistema integral, funcional y listo para operar.
Siete modificaciones ampliaron los plazos del contrato
De acuerdo con los antecedentes de la auditoría, el contrato original establecía un plazo de entrega de 31 meses. Sin embargo, durante su ejecución se suscribieron siete contratos modificatorios en cuatro gestiones ministeriales, que introdujeron cambios en los plazos, las garantías, las obligaciones y los mecanismos de recepción.
Como consecuencia, el periodo previsto se amplió de 31 a 82 meses para la realización de pruebas, mientras que la demostración final se efectuó aproximadamente 98 meses después de emitida la orden de proceder. La auditoría también identificó observaciones relacionadas con la contratación, las modificaciones contractuales, las garantías, los procedimientos de recepción y el resultado operativo del sistema.
Auditoría observa el funcionamiento de los radares
En el ámbito técnico, los informes incorporados a la auditoría señalaron que, de los 13 radares contemplados en el proyecto, nueve presentaban observaciones, dos no estaban operativos y únicamente dos se encontraban sin observaciones.
Asimismo, la unidad de auditoría estimó un posible daño económico al Estado superior a los 1.478 millones de bolivianos. El ministro Justiniano precisó que tanto la cuantificación como la metodología empleada y la relación causal con las distintas actuaciones deberán ser examinadas dentro del proceso correspondiente.
Cuatro exministros están incluidos en la querella
Entre las 19 personas alcanzadas por la acción legal figuran los exministros de Defensa Reymi Ferreira Justiniano, Javier Zabaleta López, Luis Fernando López Julio y Edmundo Novillo Aguilar, vinculados a distintas etapas de las modificaciones del contrato.
Ferreira suscribió el contrato original y las dos primeras modificaciones; Zabaleta firmó la tercera y cuarta; López, la quinta; y Novillo, la sexta y séptima modificaciones contractuales.
Justiniano aclaró que la inclusión de estas personas en la querella no obedece únicamente a los cargos que ocuparon como autoridades, funcionarios públicos, militares o representantes empresariales. Señaló que se busca que los hechos sean investigados y que, en función de los resultados, se determine si corresponde establecer responsabilidades penales.
Procuraduría coordina acciones y solicita investigación fiscal
Por su parte, el procurador general del Estado, Hugo León La Faye, informó que la Procuraduría trabajó de manera coordinada con el Ministerio de Defensa y el Viceministerio de Transparencia para presentar la denuncia.
La autoridad indicó que los tipos penales señalados en la acción legal son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. En ese marco, se solicitó al Ministerio Público investigar los hechos y establecer, conforme al desarrollo del proceso, las posibles responsabilidades que correspondan.
La presentación de la querella da paso a la investigación fiscal sobre las presuntas irregularidades en la ejecución del SIDACTA, sin que la inclusión de las personas señaladas implique por sí misma una determinación de culpabilidad.
