Justicia argentina ordenó decomisar los bienes de Cristina Kirchner
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos presentados por Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en la ‘causa Vialidad’, y ratificó el decomiso de 111 bienes destinados a resarcir el daño económico ocasionado al Estado. La medida apunta a recuperar activos por un monto cercano a 685.000 millones de pesos.
El fallo, firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, confirmó la ejecución patrimonial dispuesta en el marco de la sentencia firme por corrupción en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz. La decisión contó con una disidencia parcial de Borinsky respecto a bienes vinculados a los hijos de la exmandataria.
El tribunal estableció un criterio clave al señalar que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso si fueron transferidos a terceros o heredados. Según los magistrados, lo relevante es la relación económica entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva, sin necesidad de identificar de manera exacta cada flujo de dinero.
En ese sentido, los jueces rechazaron el argumento de las defensas que exigía una reconstrucción contable exhaustiva del dinero ilícito. Consideraron que, en delitos complejos y prolongados, como el investigado, esa exigencia resulta inviable.
La ‘causa Vialidad’ acreditó un esquema sostenido de administración fraudulenta que direccionó obras públicas en favor de Báez, generando beneficios económicos directos para sus empresas e indirectos para el entorno de la familia Kirchner. Para la justicia, se trató de una maniobra prolongada con impacto patrimonial significativo.
Con esta resolución, se habilita la ejecución de un conjunto de bienes que incluye más de 80 propiedades vinculadas a Báez, así como inmuebles asociados a la familia Kirchner, entre ellos uno a nombre de la expresidenta y 19 heredados por sus hijos. Estos activos pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina una vez ejecutado el fallo.
El antecedente inmediato de esta medida se remonta a la resolución dictada por el Tribunal Oral Federal 2 en noviembre del año pasado, que ordenó el decomiso, aunque su aplicación quedó suspendida por apelaciones de las defensas. La reciente decisión de Casación consolida los parámetros utilizados para identificar los bienes alcanzados.
Finalmente, el tribunal subrayó que el decomiso cumple una función central en la política de recuperación de activos provenientes de la corrupción, al impedir que el delito genere beneficios económicos. Además, remarcó que estos hechos constituyen un atentado contra el sistema democrático, al afectar la confianza en las instituciones y el funcionamiento del Estado de derecho.
