Legisladores reclaman a la Fiscalía investigar los audios atribuidos a Cerimedo
LA PAZ 27 DE OCTUBRE 2026
Legisladores de distintas fuerzas políticas pidieron al fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste Viera, que esclarezca el origen y el contenido de los audios atribuidos al exasesor presidencial Fernando Cerimedo, en los que presuntamente se mencionan a autoridades del Gobierno. Los parlamentarios reclamaron información oficial sobre el avance de las investigaciones y señalaron que las indagaciones no deben limitarse al caso de Sebastián Marset.
El diputado de Alianza Unidad, Gabriel Corvera, sostuvo que corresponde al Ministerio Público informar sobre el estado de las actuaciones y cuestionó la falta de explicaciones oficiales mientras continúan circulando grabaciones en redes sociales.
“Quién nos debe dar esa información de la investigación es el Ministerio Público y la Fiscalía. Lo hemos pedido y lo vamos a recalcar. Deben ser ellos quienes informen en qué estado están las investigaciones. Me llama la atención que sigan filtrando audios, pero no tengamos una respuesta formal y nos estén dejando a los ciudadanos dibujo libre en el pensamiento de lo que sucede”, manifestó.
La noche del lunes 26 de octubre se difundió una nueva grabación en la que, presuntamente, conversarían Cerimedo y María Elena “Bibi” Urquidi, esposa del presidente Rodrigo Paz. En el audio se abordarían asuntos relacionados con contratos y negocios en el sector de hidrocarburos, además de mencionarse a los ministros Óscar Mario Justiniano, de Desarrollo Productivo, y Marcelo Blanco, de Hidrocarburos.
Con la difusión de este material, algunos reportes periodísticos contabilizaron al menos 11 audios atribuidos a conversaciones de Cerimedo con distintas figuras políticas y autoridades. Sin embargo, las cifras publicadas no son uniformes: la diputada de Alianza Popular, Claudia Herbas, se refirió a 10 grabaciones.
Corvera afirmó que, aunque Cerimedo y Urquidi no son funcionarios públicos, es necesario que las autoridades brinden explicaciones para evitar especulaciones y ofrecer certezas a la población.
Por su parte, Herbas exigió a Urioste que inicie o impulse las actuaciones correspondientes sobre la presunta conversación entre Cerimedo y Urquidi, así como sobre las grabaciones difundidas anteriormente.
“Lo que corresponde es que el fiscal empiece las investigaciones sobre los audios de Cerimedo, donde están ministros y legisladores. Es lamentable, es algo que debe investigar el Fiscal General del Estado”, declaró.
La diputada cuestionó además el desempeño de la Fiscalía y reclamó que se esclarezcan las denuncias relacionadas con Cerimedo. En sus declaraciones, sostuvo que el Ministerio Público debe actuar en todos los casos y transparentar la información sobre las diligencias realizadas.
En la misma línea, el diputado de Unidad, Álvaro Cazasola, pidió profundizar las investigaciones y evitar que las denuncias queden sin esclarecer. El legislador insistió en que la Fiscalía debe abordar tanto el caso de Sebastián Marset como los hechos relacionados con Cerimedo.
El exasesor presidencial se encuentra con detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en La Paz, dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. Además, enfrenta un proceso por tentativa de feminicidio contra Nadia Beller. Estas causas son distintas de los cuestionamientos sobre los audios difundidos.
Desde el oficialismo también surgieron pedidos para investigar las grabaciones. La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Claudia Bilbao, calificó a Cerimedo como un “infiltrado” y pidió al Gobierno esclarecer qué información habría registrado y qué buscaba obtener del Estado.
“El Gobierno debe hacer un proceso contra este señor Cerimedo, que informe qué cosas grababa, qué quería conseguir del Estado. Son preguntas que surgen”, afirmó.
Las autoridades y las personas mencionadas en las grabaciones deben tener la oportunidad de responder a los señalamientos. Hasta que se establezcan el origen, la autenticidad y el contexto de los audios, su contenido debe tratarse como presunto y no como prueba concluyente de irregularidades.
