Mediante plazos de reorganización, disolución y liquidación de Empresas Públicas se evitará más daños económicos al Estado
LA PAZ 25 SEPTIEMBRE 2026
El Decreto Supremo 5727 que establece las acciones legales del proceso de reorganización, disolución y/o liquidación de las Empresas Públicas deficitarias del nivel central, también fija plazos de tiempo para ejecutar dicho proceso; así se evitará que el Estado sufra otros perjuicios económicos como en pasadas gestiones gubernamentales que también cerraron empresas pero esos procesos duraron años causando daños al Tesoro General de la Nación (TGN).
“La experiencia de procesos anteriores de reorganización, disolución y/o liquidación de las Empresas Públicas demuestra que, cuando estas decisiones se adoptan sin plazos definidos, sin protección del patrimonio y sin cuantificación de sus efectos fiscales, los procesos se prolongan por años, los activos se deterioran, los pasivos laborales, tributarios y judiciales se acumulan y el costo final termina siendo asumido por el TGN”, se justifica en la parte de considerandos del decreto.
En el texto se añade que, en el marco de la responsabilidad fiscal, es necesaria la definición de plazos de ejecución de la reorganización, disolución y/o liquidación de empresas.
La definición de plazos del proceso, permitirá identificar con exactitud la existencia de activos y pasivos de cada empresa, las obligaciones derivadas de préstamos otorgados por el Banco Central de Bolivia (BCB) y en algunos casos con el TGN como garante, entre otras situaciones referidas a su situación deficitaria o no.
Una decisión de Estado
El pasado 30 de julio la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó por más de dos tercios de votos la Ley N° 1755 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2026. El Artículo 6 de esta norma establece precisamente la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas.
Esta decisión y acción, no solo del Gobierno nacional, sino de las bancadas parlamentarias, responde a que se busca reducir el gasto y hacer más eficiente el uso de los recursos del Estado en un contexto de grave crisis económica heredada de los 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), tiempo en el cual fueron creadas 67 empresas públicas.
Un modelo económico fracasado
Al inicio de la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira, el ministerio de la Presidencia informó de al menos 14 empresas estatales que el masismo manejaba como producto del presunto éxito de su Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), entre ellas se encontraban: YLB, Mutún, BOA, EMAPA, Quipus, EBA, EASBA, Yacana y Editorial del Estado.
En ese momento, el nuevo Gobierno reveló que los expresidentes Evo Morales y Luis Arce gastaron 7.750 millones de dólares para su mantención, usando la mitad de las Reservas Internacionales (que llegaron a $us 15.122 millones en 2014) que administraba el Banco Central de Bolivia (BCB) para sostener 45 empresas nuevas y 22 subsidiarias. De todo ese dinero se recuperó solo el 18%; mientras que el 82% restante ($us 6.000 millones) prácticamente no eran recuperables.
El proceso de dilapidación continuó luego con el expresidente Arce, que lo bautizó como programa de “industrialización con sustitución de importaciones”, del cual, en 2025 (año electoral) la inauguración de plantas industriales abarcó biocombustibles, construcción, manufactura, fertilizantes, agroindustria, insumos, industria farmacéutica, litio, minería, química básica y alimentos. Una de las últimas en instalarse fue la planta procesadora de papas que produce desde papas fritas en snack hasta las papas congeladas listas para freír, con costos mayores a otros productos incluso importados.
La información de la cartera de Estado identificó que se había planificado 174 plantas por un total de $us 3.164 millones, pero de esta cantidad se entregaron 40 plantas, de las cuales solo 19 funcionaban y las otras 134 estaban en construcción.
En 2006, al inicio de los gobiernos del MAS, había nueve empresas públicas, entre ellas YPFB, COMIBOL y ENDE y, transcurridos 20 años hasta 2025, llegaron a crearse 67 empresas, sin embargo, las únicas rentables siempre fueron las tres mencionadas, que ya prestaban sus servicios antes de la llegada del masismo al poder.
