Transporte sindicalizado de Tarija rechaza nacionalización de vehículos “chutos” y pide reunión con el presidente Rodrigo Paz
El ejecutivo del Autotransporte Sindicalizado de Tarija, Gabriel Pérez, advirtió que su sector no permitirá la nacionalización de vehículos indocumentados, conocidos como “chutos”, medida que, según versiones preliminares, estaría siendo evaluada por el nuevo Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
Pérez manifestó que el autotransporte legalmente establecido en el país rechaza cualquier intento de regularizar vehículos que ingresaron de manera ilegal al territorio nacional, ya que ello atentaría contra los derechos de los transportistas que cumplen con todas las normativas vigentes. “No vamos a permitir que se premie la ilegalidad. Los choferes que trabajamos dentro de la ley no podemos ser perjudicados por una medida injusta”, enfatizó.
El dirigente anunció que solicitarán una reunión lo antes posible con el presidente Rodrigo Paz, con el objetivo de abordar las principales problemáticas del sector, entre ellas el mantenimiento de carreteras, la seguridad vial y la renovación del parque automotor, dejando de lado cualquier posibilidad de nacionalización de los llamados “chutos”.
Asimismo, Pérez recordó que en gestiones anteriores, los procesos de nacionalización de vehículos indocumentados generaron conflictos y perjuicios económicos a los transportistas formales, además de fomentar el contrabando y la competencia desleal. “Esa historia no puede repetirse. Tarija y todo el país necesitan políticas que fortalezcan al transporte legal, no que lo debiliten”, sostuvo.
El representante del autotransporte también instó a las autoridades nacionales a escuchar las propuestas del sector antes de tomar decisiones que puedan afectar su estabilidad laboral. “Queremos diálogo, pero también firmeza en la defensa de nuestro trabajo. El transporte sindicalizado siempre ha sido un pilar en la economía del país”, añadió.
Finalmente, Gabriel Pérez reiteró que los transportistas tarijeños se mantendrán en estado de emergencia y en coordinación con las federaciones departamentales para asumir medidas de presión si el Gobierno nacional decide avanzar con una eventual nacionalización de los vehículos indocumentados.
