Alcalde Johnny Torres y dirigente del transporte Gabriel Pérez critican a la Fiscalía de Tarija por imputación sin fundamentos
El alcalde de Tarija, Johnny Torres, y el secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Autotransporte, Gabriel Pérez, expresaron su rechazo a la reciente imputación presentada en su contra por parte de la Fiscalía Departamental, a la que acusan de actuar sin pruebas. Ambos fueron sindicados por presunta sedición e instigación pública a delinquir, a raíz de su participación en movilizaciones sociales registradas a fines de 2021.
Estas protestas se enmarcaron en el rechazo ciudadano al proyecto de Ley 1386, titulado “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo”, el cual generó una ola de manifestaciones, paros y bloqueos en varias regiones del país. En el caso de Tarija, las medidas de presión derivaron en una denuncia formal interpuesta por la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), que dio origen al proceso judicial en curso.
Además del alcalde Torres y el dirigente Pérez, la denuncia también involucra al gobernador Óscar Montes, al expresidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, y a otras figuras públicas que participaron activamente en las movilizaciones.
Durante una declaración pública, Torres denunció que esta imputación responde a una estrategia de persecución política, señalando que tanto en el gobierno de Evo Morales como en el de Luis Arce se persigue judicialmente a quienes disienten del oficialismo. “Este es un ejemplo más de cómo se criminaliza la protesta. Nos acusan sin pruebas. Basta ver el caso del gobernador Fernando Camacho, que fue detenido el Día de los Inocentes y lleva tres años en prisión preventiva sin que se le haya comprobado nada”, sostuvo.
El burgomaestre remarcó que su participación en las protestas fue parte del ejercicio democrático y el derecho a la libre expresión, por lo que exigió un proceso justo y transparente, sin motivaciones políticas.
