** Decreto permite al presidente gobernar desde el exterior y limita la suplencia vicepresidencial **

Un nuevo decreto supremo introduce cambios en el funcionamiento del Órgano Ejecutivo, al permitir que el presidente del Estado continúe ejerciendo sus atribuciones **desde el exterior**, sin necesidad de delegar el mando, incluso cuando se encuentre fuera del país por actividades oficiales o asuntos personales.

La norma actualiza disposiciones anteriores y autoriza el uso de **herramientas tecnológicas de comunicación** para la toma de decisiones y la emisión de directrices. En caso de que no exista conectividad digital, el decreto contempla la posibilidad de que el mandatario imparta **instrucciones formales por escrito**, a fin de garantizar la continuidad de la gestión gubernamental.
Asimismo, el decreto redefine las funciones de la **Vicepresidencia del Estado**, estableciendo que su labor se centrará en la gestión y el apoyo a la conducción de la política general del Gobierno. En escenarios de suplencia temporal, el vicepresidente deberá actuar siguiendo las directrices del presidente y en coordinación con el **Ministerio de la Presidencia**.
La disposición fue promulgada días antes del viaje del jefe de Estado al **Foro Económico Mundial en Davos, Suiza**, y ha generado observaciones en algunos sectores políticos, especialmente en el **Partido Demócrata Cristiano (PDC)**, que expresaron preocupación ante la eventual asunción de funciones del vicepresidente **Edmand Lara**, quien ha mantenido una postura crítica frente al Ejecutivo.
El decreto también encarga al **Ministerio de la Presidencia** y a la **Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC)** la implementación de **canales digitales oficiales**, destinados a asegurar la trazabilidad, la seguridad institucional y la transparencia en las comunicaciones durante el ejercicio remoto de la Presidencia.
Con esta medida, el Gobierno apunta a modernizar la administración pública y asegurar la operatividad del Ejecutivo en escenarios internacionales, aunque el alcance constitucional de la norma y su aplicación práctica podrían abrir un nuevo debate jurídico y político en el país.

